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Un ‘hermano mayor’ en la Red: así trabajan los guardianes de los menores en internet

“Una amiga me dice que la ballena azul me obliga a entrar en su juego o me matará, estoy preocupado por ella”.

Una voz de alarma. El mensaje temeroso de quien observa cómo por teléfonos y tabletas se propaga entre sus amigos un desafío viral, la ‘ballena azul’, que ya ha causado suicidios. Pero no todos los menores saben que esa pantalla que proyecta al universo su vida social oculta una hendidura al lado más oscuro. Ni que, por fortuna, puede guardar un salvavidas.

“Nuestra máxima es tratar cualquier aviso como real”, afirma Víctor Fernández, subinspector del Departamento de Redes Sociales de la Policía. Reciben unas 4.000 menciones y unos 200 mensajes privados cada día. Si son urgentes, los agentes, licenciados con experiencia en los entornos digitales, los derivan a las patrullas. Su función, “estar ahí cuando nos necesiten, explicar a los ciudadanos qué hacer si se enfrentan a algún problema de la vida online”.

En España, la Fundación ANAR se ha especializado en la atención a menores en riesgo. En 2017 registraron 439 casos de menores que les hablaban de autolesiones, 445 de ideación suicida y 158 de intento de suicidio. Bastantes más que en cualquier año anterior. Y aunque el problema no parta de la tecnología, su Director de Programas, Benjamín Ballesteros, admite un efecto Internet.“Cuando un adolescente entra en contacto con otros que le hablan del suicidio, las ventajas y cómo llevarlo a cabo aumentan las posibilidades de que acabe haciéndolo”, explica.

Muchas razones pueden ahogar a un menor como el que escribió este mensaje. Con las redes, WhatsApp y los foros no existe paréntesis ni descanso para la víctima de acoso. Llega un momento en que la angustia, hasta entonces oculta en su habitación, acaba brotando. “Haciendo los deberes se echaba a llorar a la mínima y empezamos a preguntar…”. Pablo, orientador en Asturias, detectó así otro caso que había pasado inadvertido. Baja autoestima, tristeza, depresión constituyen algunos de los síntomas. Otros, como dolores sin explicación, trastornos del sueño o pérdida de apetito, revisten carácter físico. También son significativas las ausencias a clase y las malas notas.

El ciberacoso va más allá de una mera crítica; se repite durante tiempo prolongado, entre desiguales (en edad o en número) y con voluntad de herir. “Hay que bloquear los perfiles tóxicos y denunciarlo; si las víctimas son menores, pueden hacerlo padres o profesores”, recomienda el subinspector Víctor Fernández. La respuesta de la Policía consiste en tranquilizar, aconsejar -lo primero: guardar los pantallazos- y, si hace falta, investigar. Las estadísticas de 2017 publicadas por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña precisan que dos tercios de las víctimas del ciberacoso que les contactaron eran chicas y tenían una edad media de 13’5 años.

“Lo primero es reforzar su valentía al contárnoslo”, explica Benjamín Ballesteros. Desde una sala acristalada, los psicólogos de ANAR les preguntan si hay en su entorno un adulto de confianza a quien asesorar. Cuando no es posible, derivan el caso hacia los servicios sociales porque “un fenómeno que se produce de forma tan prolongada genera un trauma complejo”. Víctor Fernández tampoco resta gravedad a lo que sucede en la Red. “Un insulto puede ser delito, una amenaza puede ser delito, una calumnia puede ser delito. Cualquier cosa que puede ser delito en la vida offline puede serlo en la vida online”

No resulta extraño que los acosadores se desentiendan de la trascendencia de sus actos. En 2012 los alumnos de un centro madrileño aprovecharon una etiqueta común en Twitter para desacreditar sin fundamento a profesores. Uno de los docentes llegó a solicitar la baja temporal. “Veías quiénes habían sido, no tenían conciencia de que sus mensajes podían rastrearse”, recuerda Salvador, psicólogo social. “Hablaban de su privacidad, del uso libre de su expresión y no creían que tuviéramos que meternos. Luego, al ver las consecuencias y que era una difamación o una calumnia, decían que no lo sabían”.

Las estadísticas oficiales no recogen cifras de estos comportamientos, pero en cualquier conversación entre padres se aprecia la preocupación por la actividad online de sus hijos. Aunque crecen también los recursos a su alcance. La Policía Nacional acaba de cumplir su primera década en las redes y es considerada una referencia internacional para otros cuerpos de seguridad. Con 3,2 millones de seguidores en Twitter (@Policia), 720.000 en Facebook (@PoliciaNacional) y 456.000 en Instagram (@PoliciaNacional), atiende innumerables dudas y no oculta que la información recogida “ha permitido en muchas ocasiones la apertura de investigaciones y la detención de delincuentes”. Víctor Fernández elogia la ingente colaboración ciudadana que recibieron durante la búsqueda del pederasta de Ciudad Lineal.

De igual modo se incrementan las consultas a la Fundación ANAR. Sumaron casi 590.000 en 2017, la inmensa mayoría a través del 900 20 20 10, y ahora por mail y un chat.En palabras de Benjamín Ballesteros, “se ve la punta del iceberg, hay un bloque al que nunca llegaremos, pero esto nos permite ver una parte importante de lo que hay bajo el agua”.

Palabras que, aun desfiguradas por la obligación de garantizar la intimidad, dibujan la desesperación de una adolescente sometida al sexting. Nace de una relación que degenera en dominación o de una amistad que se debilita. Algo frecuente en la adolescencia. La foto compartida como gesto de compromiso se ha transformado en amenaza. “Que no salgan de nuestro teléfono imágenes que no nos gustaría que viera todo el mundo”, aconseja la Policía Nacional. Nunca.”Ni siquiera entre amigos, porque alguno puede perder el móvil”.

El primer mensaje que reciben desde la Fundación ANAR hace énfasis en el acompañamiento: “No estás solo, vamos a buscar una solución”. A partir de ahí, trabajan sobre la necesidad de contárselo a sus padres o adultos responsables, para los que disponen de otra línea específica de atención. ¿Y qué sucede con quien amenaza? Hay que intentar que borre esos archivos. El argumento definitivo lo aporta la Policía y remite a la ley. “Compartir imágenes íntimas sin autorización es delito”, certifica Víctor Fernández.

“Vi unas fotos de ella desnuda y con posiciones eróticas. Me contó que un hombre le había amenazado para que las enviara”. Así relata un padre cómo descubrió el chantaje que sufría su hija. Aunque se han modificado detalles para proteger la intimidad, ilustra cómo algunos adolescentes, sobre todo chicas, se ven indefensos y a merced de delincuentes. El grooming, que describe Benjamín Ballesteros, se prolonga durante más de un año. “Son pederastas que se hacen pasar por un menor, van granjeándose su confianza y le envían imágenes falsas. Cuando ella le manda una foto íntima, empieza la extorsión. Les obligan a hacer cosas ante la cámara… y todo va a más. El fin último es el abuso sexual”.

La Fundación ANAR trabaja con ellas para que, superando el miedo, lo cuenten a sus padres e insta a estos a denunciarlo “por conciencia social”. Aunque el abuso físico no se consume, los archivos pueden circular entre traficantes de pornografía infantil. Cualquier denuncia sobre imágenes sexuales con menores, apostilla la Policía, debe comunicarse en privado (denuncias.pornografía.infantil@policia.es) puesto que “su mera tenencia es delito”. Son precisamente estas grabaciones lo peor de su trabajo para la decena de agentes del Departamento de Redes Sociales de la Policía. Entre lo mejor, la utilidad, la valoración ciudadana y la satisfacción de ser un referente a nivel internacional.

Veinticinco años lleva Marisa Villalba en la enseñanza pública. En su despacho de orientadora del instituto San Isidro, en Madrid, elogia la iniciativa de sus alumnos de trabajar en común sobre el acoso sexual en las redes sociales. Lo ve necesario. “Se meten en grupos, empiezan a dialogar como si todo fuera gracioso y se les va de las manos, creen que esto es ser mayor”. Le consta que reciben archivos de origen desconocido, a veces incluso vídeos porno.

Ella considera que acumulan más experiencia que formación porque “no se les ha prevenido y tienen acceso a casi todo”. Pero su diagnóstico apunta a los adultos. “Con la tecnología se ha producido una inversión de los roles: los adolescentes tienen el poder sobre los padres”. ¿Cómo evitarlo? Benjamín Ballesteros, de la Fundación ANAR, coincide en proponer mayor “formación para todos, también para padres y profesores”, aunque evita demonizar la tecnología. “Nosotros queremos usarla para ayudarles”, concluye.

Una apreciación que refuerza Víctor Fernández desde la Policía. “Las redes sociales, con unas medidas básicas, pueden ser usadas de forma segura. Para nosotros son un espacio de oportunidad porque ya no hace falta ir a comisaría, coges el móvil y nos tienes al otro lado”. Y tiende la mano virtual a los adolescentes con problemas: “A veces hacemos de ‘Hermano Mayor’, pero no regañamos, aportamos información”.

Artículo tomado de: shorturl.at/wBRY4


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